jueves, 11 de noviembre de 2010

El PP catalán conmina a los inmigrantes sin trabajo a que se marchen de España

El Partido Popular de Cataluña ha dado hoy un nuevo paso en su campaña electoral basada en la crítica a la inmigración irregular. La candidata del PP a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, ha presentado esta mañana en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), localidad con alto índice de inmigración, una propuesta de contrato de convivencia por el que los inmigrantes se comprometerían a abandonar España si se quedasen sin trabajo.
Sánchez Camacho ha explicado que la gestión del fenómeno migratorio se complica por los altos índices de paro de la actualidad y que no es lo mismo afrontar este reto con una tasa de paro del 7% que con un 20%. "Quien quiera trabajar en Cataluña deberá comprometerse a cumplir las leyes de nuestro país", ha dicho la candidata, que ha añadido los otros requisitos que a su juicio deberían cumplir los inmigrantes: respetar los "valores y costumbres" de España, aprender los idiomas oficiales en Cataluña, trabajar activamente por integrarse y volver a su país de origen si no pueden sostenerse por sí mismos por haberse quedado sin trabajo. La candidata no ha explicado en qué plazo de tiempo debería marcharse el inmigrante sin trabajo.

La candidata del PP recupera así una de las grandes promesas de su líder de partido en 2008. Mariano Rajoy propuso durante la campaña de las últimas elecciones generales que los inmigrantes se comprometieran en un contrato "a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo".

Rajoy, sin embargo, sí concretó entonces el plazo de tiempo que podrían estar los inmigrantes en paro buscando trabajo, un año, aunque el reglamento de la Ley de Extranjería ya especifica que los extranjeros que quieren renovar los papeles deben acreditar que han cotizado a la Seguridad Social un mínimo de seis meses por año y que tienen una oferta de empleo firme. Si no, deben abandonar el país.

Dicho reglamento está en proceso de reforma después de que la Ley de Extranjería sufriera algunas modificaciones en 2009. Ahora, sin embargo, Sánchez Camacho no ha concretado qué plazo daría a los 1,1 millones de inmigrantes en paro para irse.

El PP catalán lleva meses haciendo propuestas sobre inmigración que, pese a contar con el aval de la dirección nacional del partido, por ahora no se aplican ni se proponen en ninguna de las comunidades donde gobiernan. Entre estas medidas está el contrato de inmigración y el contrato de convivencia, que vincularía la renovación del permiso de residencia a que no haya quejas por parte de los vecinos.

Dicho contrato de convivencia, que presentó la propia Sánchez Camacho hace unos días en Salt (Girona), implicaría que los Ayuntamientos deberían expedir un certificado de buena convivencia del buen inmigrante, que será aquel que no tenga sanciones por incivismo, que lleve a sus hijos al colegio, que respete la ciudad y que no tenga quejas de sus vecinos.

En el mismo acto, Sánchez Camacho reveló que en su programa pedirá que los consistorios delaten a los sin papeles empadronados a la policía.


Ahora un comentario que me ha parecido genial:

El que venga a España tiene que aceptar las condiciones de ingreso y, si no, puede elegir otro destino. Esto que propone el PP es justamente lo que llevan haciendo países como Canadá, Australia, Suiza o los Emiratos Árabes, todos ellos receptores de inmigrantes desde hace mucho tiempo. En estos países, y en muchos más, se ofertan los puestos de trabajo a los que aspiran los inmigrantes y si algún nacional los solicitan, tiene prioridad lógicamente el autóctono y el extranjero no es admitido. Cumplido el contrato laboral, el extranjero debe abandonar el país, ¿o es que una empresa con la que firmas un contrato puede echarte cuando no le intereses y un Estado no? ¿Acaso el inmigrante tiene que contar con el Estado para irse cuando deja de interesarle el país receptor? Es una determinación unilateral. En cuanto a "importar" delincuentes, ya me parece de bobos redomados. Todo extranjero que reincida en delitos menores o haya cometido delitos graves (atracos, etc.) debe ser expulsado y, si ya tiene la nacionalidad española, se le retira. El derecho a la nacionalidad debe estar condicionado por la ausencia de delitos.

¿VOSOTROS QUÉ OPINAIS?

1 comentario:

ANITA dijo...

Esta propuesta tendrá detractores seguro. Soy una persona que apuesta por la convivencia y la integración de todos y las oportunidades por igual, pero viendo como están las cosas y aún así hay personas que no se integran y forman grupos de extorsión y barrios de ciudades que salen en las noticias por el miedo y las amenazas en nuestra propia casa de inmigrantes que hacen su gueto particular y no hay quien les tosa, y como se aprovechan también empresas de ellos y manipulan por la necesidad dejando fuera a trabajadores cualificados me parece que esta propuesta no es tan radical ni racista como algunos dirán y siento decirlo, ya que he viendo tanta cosas no queda otro remedio que tomar medidas.
El comentario que pones es muy realista y tiene mucha razón.
Me veo hasta rara opinando así, porque siempre he defendido la inmigración pero estamos llegando a un punto que hay que mirar de otra manera.
Quien respete se integre genial pero todos con los mismos derechos y obligaciones y también obligar a las empresas a respetar los convenios con todas las personas por igual, así habrá oportunidades para todos.
Referente a los delincuentes ya tenemos bastantes, no todos son igual por supuesto, pero quien delinca a su casa me parece perfecto.
Un abrazo